El contexto del Covid-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones especialmente críticas.

En particular, observamos con preocupación cómo se ha venido agravando la pobreza y la exclusión de quienes desarrollan actividades de supervivencia en calle.

Particularmente, en la calle, niños, niñas y adolescentes desarrollan diversas estrategias como la mendicidad, el trabajo infantil, la recolección y la clasificación de residuos y están expuestos a situaciones de extrema vulneración de sus derechos, como el desarrollo de actividades asociadas a la explotación sexual comercial, al uso problemático de sustancias, y a la vinculación a redes de narcotráfico, entre otras.

Estas manifestaciones nos exigen a todas y todos, hoy más que nunca, a comprometernos en el desarrollo de respuestas adecuadas y de un abordaje integral que permita garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación.

La crisis generada por la pandemia ha aumentado los niveles de violencia que viven niños, niñas y adolescentes.

Durante los meses de confinamiento se han generado problemas asociados a la salud emocional de niños, niñas y adolescentes, aumentando las situaciones de estrés y depresión por la incertidumbre que esta crisis está generando a nivel familiar y comunitario.

A esto se le suma que en el contexto de confinamiento se registró un aumento significativo de las denuncias y de las situaciones de violencia intrafamiliar. En abril y mayo el número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento de Inmujeres por violencia doméstica aumentó un 80% (la diaria).

La situación desencadenada por la expansión del COVID 19, primero en el mundo y luego en nuestro país profundizó esta situación, ya que a los problemas estructurales se sumó el rezago que deja la educación a distancia y la falta de acceso a conectividad por parte de muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Las tendencias en la utilización de las nuevas tecnologías, así como en la mejora de la infraestructura que posibilita su uso, posicionó a Uruguay y a su educación pública en un buen lugar respecto a la brecha de acceso a las tecnologías.

Sin embargo, durante la pandemia, la disparidad en su uso quedó de manifiesto. El vínculo con los centros educativos a través de la educación a distancia y el acceso a las plataformas supuso mayores dificultades en los contextos de mayor vulnerabilidad.

Para octubre de 2020, 6.000 niñas y niños no habían asistido ni se habían vinculado con la escuela en lo que iba del año (diario El País).

Con el retorno a la presencialidad, el problema persiste con la disparidad en la asistencia y se agrava por la menor cantidad de horas de aula que ofrecen los centros educativos públicos.

Esta situación nos alarma y nos preocupa. Atender la problemática educativa y el ensanchamiento de la brecha debe ser prioritario en las políticas de niñez y adolescencia en los próximos meses.

Se estima que en Uruguay hay 15.000 niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (Plataforma NNAPES, 2019).

Tener a un padre, madre o familiar referente privado de libertad significa vivir un conjunto de vulnerabilidades e incluso, muchas veces, un empeoramiento de las situaciones de exclusión y pobreza en las que ya vivían muchos de estos niños, niñas y adolescentes. Son ellos mismos quienes muchas veces tienen que hacerse cargo de los cuidados de sus hermanos/as menores y asumir roles adultos relacionados a la manutención del hogar, desempeñando actividades de trabajo infantil y abandonando así los estudios.

Desde la irrupción de la policía en los hogares al momento de los allanamientos y detenciones, hasta la instancia de las visitas en las cárceles, representan situaciones violentas que impactan a nivel psicológico y emocional que se suman a la angustia presente por tener a su familiar privado de libertad.

A estas vulnerabilidades se le agrega la estigmatización en las comunidades y en los centros educativos. Muchas veces, estos niños, niñas y adolescentes son tratados por el entorno como si ellos fueran responsables de los delitos que cometieron sus referentes adultos.

Si pensamos en este fenómeno atravesado por la pandemia, nos encontramos con un escenario empeorado, donde las condiciones de pobreza y exclusión se acentúan. Este escenario nos desafía a incorporar la dimensión del impacto del encarcelamiento en la vida de los niños, niñas y adolescentes en las políticas sociales y acciones dirigidas a la niñez y adolescencia. Asimismo, es necesario el involucramiento de los diferentes sistemas que están relacionados en esta problemática: sistema de protección, sistema judicial y sistema penitenciario.